sábado, 2 de noviembre de 2019

Derecho al olvido en Internet y Google

El derecho al olvido en Internet y especialmente en Google, entre otros motores de búsqueda, va relacionado con el derecho a la intimidad, honor y a la propia imagen que protege la Constitución Española. De esta forma, cualquier persona tiene el derecho de solicitar a las empresas y buscadores de internet, que se eliminen o bloqueen sus datos personales.

El término “Habeas Data” significa prácticamente lo mismo que derecho al olvido. Cuando alguien reclama el Habeas Data quiere decir que reclama su derecho a la eliminación de datos de carácter personal.

¿Qué es el derecho al olvido?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que recogía, que el tratamiento de datos que hacen los buscadores están sometidos a las normas de protección de datos que establece la Unión Europea. Los ciudadanos tienen derecho a solicitar, con unas condiciones, la eliminación de datos personales en los motores de búsqueda.

El derecho al olvido, también conocido como el “derecho de cancelación y oposición“, es el derecho que tiene toda persona para impedir la aparición y difusión de datos personales, suprimiéndola de Internet. Para que se pueda eliminar se requiere, que la información sea falsa, obsoleta o sin relevancia, y en todo caso, cuando vulnere lo establecido en el artículo 18.1 de la Constitución española:

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la encargada de regular y defender la vulneración de lo establecido en la normativa, tanto española como europea, en relación con los datos personales.

Derecho al olvido en Internet y Google
 
Derecho al olvido

El derecho al olvido en Internet y especialmente en Google, entre otros motores de búsqueda, va relacionado con el derecho a la intimidad, honor y a la propia imagen que protege la Constitución Española. De esta forma, cualquier persona tiene el derecho de solicitar a las empresas y buscadores de internet, que se eliminen o bloqueen sus datos personales.

El término “Habeas Data” significa prácticamente lo mismo que derecho al olvido. Cuando alguien reclama el Habeas Data quiere decir que reclama su derecho a la eliminación de datos de carácter personal.

¿Qué vas a encontrar aquí?

    1 ¿Qué es el derecho al olvido?
    2 Google y el derecho a la información
    3 ¿Cómo eliminar los datos personales de los buscadores?

¿Qué es el derecho al olvido?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que recogía, que el tratamiento de datos que hacen los buscadores están sometidos a las normas de protección de datos que establece la Unión Europea. Los ciudadanos tienen derecho a solicitar, con unas condiciones, la eliminación de datos personales en los motores de búsqueda.

El derecho al olvido, también conocido como el “derecho de cancelación y oposición“, es el derecho que tiene toda persona para impedir la aparición y difusión de datos personales, suprimiéndola de Internet. Para que se pueda eliminar se requiere, que la información sea falsa, obsoleta o sin relevancia, y en todo caso, cuando vulnere lo establecido en el artículo 18.1 de la Constitución española:

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la encargada de regular y defender la vulneración de lo establecido en la normativa, tanto española como europea, en relación con los datos personales.
Google y el derecho a la información

Los motores de búsqueda como google funcionan mediante la indexación de enlaces en sus buscadores. De esta forma, muestran toda la información que recogen los robots encargados de escanear las webs de Internet.

El derecho a la información establece los límites al derecho al olvido. Cuando se envía la solicitud para la retirada de datos personales, se hace una valoración. En el caso de que los datos personales que se muestran no tengan ningún tipo de relevancia, ni relación con lo verdaderamente importante de la información que se muestra, se procederá a su eliminación.

Si por el contrario los datos personales que se muestran tienen una relevancia, son de interés público y no están obsoletos, prima el derecho a la información.
¿Cómo eliminar los datos personales de los buscadores?

Lo primero que debe hacer la persona interesada es comprobar de donde proceden los datos. Una vez identificada la fuente puede hablar directamente con la empresa o aquel que los haya publicado. Si no se recibe ninguna respuesta, la persona interesada puede recurrir a mandar la solicitud directamente al buscador encargado de mostrar el enlace.

Cada motor de búsqueda tiene su propio formulario para la solicitud de eliminación de contenido indexado:

    Google
    Bing
    Yahoo

El derecho al olvido en Internet, un éxito del abogado español Joaquín Muñoz

El 13 de mayo de 2014 es hoy una fecha histórica. Es la fecha que tiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que acabó con la indefension de los ciudadanos en Internet. Fue el llamado «caso Costeja», llamado así por el apellido del demandante, Mario Costeja, quien reclamó que sus datos personales «desaparecieran» de las búsquedas de Google.

El TJUE falló a su favor, haciendo realidad la implementación del «derecho al olvido» en los 28 países que forman la Unión Europea.

Lo que pocas personas saben es que detrás de ese éxito está el abogado español Joaquín Muñoz, hoy director del Departamento de Nuevas Tecnologías del despacho Ontier, representante legal de Costeja.

Fue un éxito sin precedentes. Un nuevo caso de David contra Goliat que ha obligado a gigantes como Google y a otros buscadores a afrontar sus responsabilidades sobre determinadas informaciones no de interés que deberán desaparecer.

El propio buscador creó un formulario y una metodología para agilizar este derecho a cancelación de esos datos.

De esto precisamente habló Muñoz en el Congreso Centenario del Código Civil de Panamá, donde fue actuó como invitado especial en un panel titulado «El Derecho Civil frente a la Sociedad de la Información”.

En ese marco, Muñoz debatió con la activista digital colombiana Carolina Botero sobre el cambio de paradigma que la irrupción de las nuevas tecnologías supone a la hora de proteger derechos civiles de los usuarios como la intimidad frente a otros derechos como el derecho a la información.

A Botero, que fue relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), le correspondió, por tanto en esa mesa redonda, plantear su visión sobre el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

Y es que desde que se conoció el fallo sobre el derecho al olvido la discusión entre expertos se ha centrado entre la necesidad de informar y el deseo de proteger la intimidad de las personas.

En opinión de Muñoz, “en cuanto a la aplicación del derecho al olvido, la sentencia del TJUE fue muy contundente a la hora de señalar que en ocasiones en los que diferentes derechos como el derecho a la información o el derecho a la intimidad concurran ha de ponderarse caso por caso qué derecho prevalece atendiendo a criterios como el interés público en conocer la información o la naturaleza de la información a desindexar, requiriendo que dicha información sea inexacta, irrelevante u obsoleta”.

Para este jurista español, experto en temas de privacidad, sobre un desarrollo del mencionado derecho en este continente “la regulación de este derecho en Latinoamérica deberá en todo caso tener en cuenta la idiosincrasia de cada país y no debería utilizarse por la clase política con fines de ocultar determinadas informaciones “incómodas” a la opinión pública”.

En este intenso debate, moderado por la abogada panameña Lía Patricia Hernández, se repasaron alguno de los casos más mediáticos de la vida pública latinoamericana en los que la delgada línea entre derecho a la información y derecho a la intimidad ha sido causa de polémica.
 
CÓDIGO CIVIL PANAMEÑO

A lo largo del pasado fin de semana tuvo lugar en Ciudad de Panamá un evento que resaltó la efeméride del Código Civil panameño. El encuentro organizado por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá contó con la participación de abogados y magistrados locales así con cierta representación de abogados internacionales llegados desde Argentina (Julio César Rivera), Colombia (Carolina Botero y Maximiliano Aramburu), Chile (Fernando Fernández), y Francia (Jean Francois Le Coq).

En el Congreso se trataron, además, otros asuntos entre los que destacaron las ponencias del profesor colombiano Maximiliano Aramburo Restrepo y la “Modernización de la Responsabilidad Civil”. En tanto, el profesor argentino Julio Cesar Rivera, planteó el futuro o destino de la Codificación y la experiencia argentina en unificar en un solo Código el Civil y el Mercantil.

Por otro lado, el profesor chileno Fernando Fernández abordará el tema relacionado con el Comercio Electrónico, sus lecciones aprendidas y las buenas prácticas. A la vez, se darán cita profesionales nacionales entre los que podemos mencionar a: Octavio Del Moral (“Evolución de la Codificación en Panamá); Salvador Sánchez (La Garantías Fundamentales contenidas en el Libro I del Código Civil) ; Raúl Olmos (Los Efectos del Sistema Penal Acusatoria con relación al Derecho de Propiedad);

Otros juristas que intervinieron fueron el magistrado Hernán De León (El Daño Moral y el problema de su Quantum); el magistrado Miguel Espino (La Modernización del Proceso Civil y el Proyecto de Ley No. 244 de 2016 sobre Simplificación Judicial); Liliana Sánchez (Efectos para Terceros de la Cláusula Arbitral); y Adolfo Linares (La Lista Clinton: Acaso una “Capitis Diminutio”)

El coordinador del Congreso, Olmedo Arrocha, presentó en el mismo su libro “Biografía y Genealogía de un Código” en el cual hace un estudio genealógico de las fuentes de las que bebió el Código panameño, con influencias principalmente de las normas civiles de España y Colombia.

Arrocha ha sido la cabeza visible desde hace un año de la Comisión de la Conmemoración de los 100 años de la Codificación del Código Civil cuyos trabajos han fructificado en el mencionado evento que tuvo una gran aceptación por los profesionales que llenaban las instalaciones de la entidad colegial. Según los apuntes históricos, en el año 1916 Panamá decide adoptar un nuevo Código Civil, en reemplazo del de 1903.

La huella digital tras el fallecimiento: derecho al olvido

La huella digital es el rastro en Internet que queda de nosotros, seamos conscientes o no de su existencia. Debido a la importancia de las redes sociales en la actualidad, la jurisprudencia plantea escenarios que años atrás hubieran sido impensables: en este sentido, la huella digital se convierte en un elemento indispensable en el testamento, pues tendremos que tomar una decisión sobre qué queremos mantener en la red y qué queremos que sea olvidado tras nuestro fallecimiento.

Muerte digital y derecho al olvido

Aunque gestionar el fallecimiento del individuo en las redes sociales pueda parecer una tarea engorrosa (más cuando tratamos con gigantes como Facebook, Instagram o YouTube entre otros), la ley y las herramientas de las que hoy disponemos la han convertido en un ejercicio algo más sencillo. Aunque la creación de un testamento digital pueda ser clave para la materialización de aquellas las decisiones tomadas por el firmante, el derecho al olvido contempla que los usuarios no tuvieran en cuenta esta opción y que sean los familiares quienes tengan que tomar una decisión posterior al fallecimiento.

Según la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho al olvido se pretende «limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima». Podemos trasladar esta afirmación a la muerte digital, pues en el momento en el que el individuo fallece ciertos datos pierden relevancia e interés para los usuarios.

¿Qué recomiendan los expertos?

Pese a que existen plataformas que aseguran la eliminación total y sencilla de cualquier rastro de nosotros en la red tras el fallecimiento, los abogados especialistas recomiendan realizar un inventario de nuestros datos digitales: usuarios, contraseñas, registros, correos electrónicos, todo lo que pudiera ser susceptible de ser incluido en el concepto del derecho al olvido. También puede dejarse constancia en el registro de la existencia de dicho inventario, así como de la forma en que el causante desea que se gestionen dichas cuentas.

Aunque no contamos con casos en los que las redes sociales hayan rechazado el derecho al olvido del usuario tras su fallecimiento, puede realizarse el mismo cauce que el que se toma cuando deseamos que se ejerza en vida. En este post explicamos cómo hacerlo: a través de una solicitud a la AEPD y, si no funciona, con un recurso contencioso administrativo ante la  Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Fuentes:

https://dudaslegislativas.com/derecho-al-olvido-en-internet-y-google/

https://confilegal.com/20160914-derecho-al-olvido-internet-exito-del-abogado-espanol-joaquin-munoz/

https://www.martinezechevarria.com/es/la-huella-digital-tras-fallecimiento-derecho-al-olvido/

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